El Consejo Económico y Social de la Provincia de Alicante celebrado esta mañana en la Diputación de Alicante ha centrado el debate en el estudio presentado por las Cámaras de Comercio de Alicante, Alcoy y Orihuela sobre la situación, perspectivas y retos de la economía alicantina.
Durante la sesión, presidida por la vicepresidenta primera, Ana Serna, se han ofrecido los detalles de este diagnóstico por parte del presidente del ente cameral en Alicante, Carlos Baño, y la jefa del Gabinete de Estudios y Estadística, Mª Carmen Pastor. En el mismo se pone de manifiesto, entre otras cuestiones, que la provincia de Alicante es la quinta en PIB y la cuarta en población y analiza su estructura productiva, donde el sector servicios representa el 72% del PIB -cuatro puntos por encima de la media nacional-, centrando en las actividades inmobiliarias, turísticas y comerciales, mientras que la industria se sitúa en un 11% cuando la media española se eleva al 16%. El sector de la construcción alcanza el 7%, dos puntos por encima de la media, y el primario representa solo el 1%.
El estudio elaborado por las Cámaras de Comercio analiza cada uno de estos sectores, las perspectivas futuras y los retos a afrontar, entre ellos, el de alcanzar un modelo turístico sostenible, avanzar en la digitalización y la innovación, mejorar la accesibilidad a la vivienda, impulsar la internacionalización, aumentar el tamaño empresarial y la disponibilidad de suelo industrial y reforzar la diversificación geográfica en las exportaciones.
El segundo gran apartado del informe aborda el déficit ‘histórico’ de inversiones que sufre la provincia de Alicante, especialmente en materia de infraestructuras de transporte. En este sentido, se plantea la necesidad de impulsar actuaciones como el AVE Alicante-Valencia, la línea Alcoi-Xàtiva, el eje Alicante-Elche-Murcia, el Corredor Mediterráneo, el tren de la costa, la ampliación del aeropuerto o la estación término de Benidorm.
Los entes camerales ponen de manifiesto, al respecto, que el déficit acumulado en los Presupuestos Generales del Estado se sitúa en más de 4.000 millones de euros en el periodo 2008-2024 y cifran el déficit de inversión, teniendo en cuanta la aportación de la provincia al PIB, en 1.834 millones de euros.
Finalmente, el estudio aborda los retos en materia de recursos hídricos y reclama el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, impulsar la reutilización y depuración avanzada, la desalación con energías renovables y un Pacto Nacional del Agua que garantice estabilidad y evite conflictos territoriales.
Tras la presentación del informe, los distintos agentes que forman parte del Consejo Económico y Social han expuesto sus valoraciones- que deberán presentar también por escrito- con respecto al mismo, incidiendo la mayoría de los participantes en cuestiones como la regulación del turismo, el problema del acceso a la vivienda o la necesidad de tener en cuenta la perspectiva de la discapacidad y la movilidad reducida.