Subraya que el trasvase Júcar-Vinalopó “es fruto del acuerdo entre regantes y un ejemplo de solidaridad en el que todos los agentes implicados están cumpliendo con compromisos adquiridos”
Denuncia que las nuevas reglas de explotación del Tajo-Segura “supondrían una pérdida patrimonial de 5.692 millones de euros” y avanza un frente común con las autonomías afectadas, regantes y ayuntamientos para la defensa del trasvase
Exige al Gobierno “una gestión correcta de los embalses y la modernización de regadíos” frente a “los recortes” y subraya la apuesta de la Generalitat por el uso eficiente del agua con 38,8 millones para mejorar los sistemas de regadío
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