El pleno de la Diputación de Alicante correspondiente al mes de febrero ha aprobado esta mañana la aceptación de la delegación de competencias a la Diputación de Alicante para llevar a cabo el control e inspección de las instalaciones de saneamiento y depuración financiadas total o parcialmente por la Generalitat Valenciana en nuestra provincia.
La institución, tras la regulación mediante convenido de la cesión de esta competencia por parte de la administración autonómica y la EPSAR, pasará así a supervisar la totalidad de este tipo de instalaciones de carácter público en la provincia de Alicante, mientras que ahora lo hacía sobre unas 130 estaciones.
Desde los grupos de la oposición han valorado que esta medida “regulariza” la situación, aunque han cuestionado, entre otras cosas, que “llega tarde”, ya que el anterior convenio finalizó en 2017 y se siguió cubriéndolo, a través de Proaguas, mediante prórrogas. La vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha justificado que el procedimiento fue “el establecido por el Gobierno del Botànic” en estos años, por lo que ha resaltado que “hoy solucionamos un problema que veníamos arrastrando hace mucho tiempo, por lo que estamos de enhorabuena, ya que gracias a este convenio todas las instalaciones de saneamiento y depuración de la provincia serán controladas y fiscalizadas por el sector público”.
Durante la sesión plenaria de hoy también ha tomado posesión como diputado provincial el concejal del Partido Popular y alcalde de El Campello, Juan José Pérez Berenguer, quien sustituye a la anterior diputada Lourdes Llopis.
Fuera del orden del día se han debatido dos mociones; una de Vox, a la que se ha incorporado una enmienda del Grupo Popular, para solicitar el ‘vertido cero’ hídrico y optimizar la gestión del agua. El acuerdo, al que Compromís se ha abstenido y PSOE ha votado en contra, establece solicitar por parte de la Diputación de Alicante una reunión con el Ministerio de Transición Ecológica para establecer una hora de ruta clara en cuanto a las actuaciones a realizar para poner en marcha el citado proyecto de ‘vertido cero’.
La otra moción, firmada por Compromís, exigía responsabilidades políticas, transparencia y un cambio del modelo del Plan VIVE delante del ‘escándalo de adjudicación de viviendas protegidas a altos cargos del PP’. La propuesta solo ha contado con el apoyo del Grupo Socialista mientras que Vox se ha abstenido y el Grupo Popular ha votado en contra. En este sentido, la diputada del equipo de gobierno y concejal alicantina, Cristina García Garri, ha criticado que se trata de una petición “oportunista” y ha explicado que esta cuestión se debatirá mañana en un pleno monográfico y extraordinario en el Ayuntamiento de Alicante. Asimismo, ha defendido la actuación del alcalde y del consistorio alicantino, “que ya ha abierto expediente y ha llevado el asunto a la Fiscalía para que se esclarezcan los hechos”.