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La portavoz socialista de Infancia en las Corts, Romina del Rey, censura la “insuficiente” rectificación del Ejecutivo de Pérez Llorca que, tras las críticas del PSPV, mantiene la exclusión de Requena, Manises, Alfafar, Sant Vicent del Raspeig, la Vila Joiosa, Villena y Vila-real
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Del Rey: “El PP, con la muleta de Vox, impuso un recorte de 19 millones sobre la partida de los Presupuestos de 2026 que financia a las entidades sociales alegando que mejoraría el servicio; ahora se destapan las mentiras de las derechas”
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La diputada recrimina el “castigo” del Consell de Pérez Llorca a los municipios, “despreciando al Síndic de Greuges, que ha abierto una investigación sobre el perjuicio a los menores, en una decisión tomada sin negociar con las alcaldías”
València, 10 de octubre de 2026.- La portavoz de Infancia y Adolescencia del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, Romina del Rey, ha denunciado que el Consell de Pérez Llorca sigue castigando a 7 municipios de la Comunitat Valenciana al eliminar sus Puntos de Encuentro Familiar Judiciales (PEFJ), tras la rectificación “insuficiente, parcial y lamentable” hecha pública esta semana sobre el recorte de diez centros que aprobó a finales de julio pasado. La parlamentaria ha desvelado que el Consell aprobó a principios de octubre un Acuerdo para incrementar la línea que financia a las entidades sociales que prestan, entre otros, los servicios de PEF Judiciales, con el fin de recuperar los centros de Mislata y Torrevieja, descartados a finales de julio, y dotar uno en Utiel, pero mantener la supresión en otras siete poblaciones respecto al mapa autonómico del Consell del Botànic.
De este modo, la rectificación, con un nuevo mapa que comenzará a funcionar a partir del próximo 1 de noviembre, no ha servido para dar marcha atrás a la supresión de estas instalaciones en los municipios de Requena, Manises y Alfafar, en la provincia de Valencia; Sant Vicent del Raspeig, la Vila Joiosa y Villena, en la provincia de Alicante; y Vila-real, en la provincia de Castellón. Una decisión que “muestra a las claras la insensibilidad del PP y de Vox”, ha advertido la diputada, ya que implica “reducir la red de protección de la infancia y adolescencia de toda la Comunitat Valenciana, generando sufrimiento a las familias y poniendo en riesgo a los menores”.
“Los mismos que se han reído y han atacado a Maricarmen, PP y Vox, son estos a los que no les importa el sufrimiento que causarán a las familias y a los niños, niñas y adolescentes al dificultar su acceso a estos espacios seguros y neutrales, establecidos mediante resolución judicial, donde los menores pueden mantener la relación con sus progenitores u otros familiares en situaciones de conflicto, muchas veces relacionadas con casos de violencia de género o con elevados niveles de conflictividad familiar”, ha lamentado Del Rey. Estos Puntos de Encuentro cuentan, además, con profesionales especializados que garantizan el bienestar de los menores y supervisan los encuentros.
“LOS MENORES NO SON PRIORIDAD PARA EL CONSELL”
“Ha quedado claro que la protección de los menores no es una prioridad para este Consell, ni para la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat”, ha censurado la diputada del PSPV-PSOE. Tal como recuerda Romina del Rey, en el debate de los Presupuestos de la Generalitat para 2026, celebrado a finales de julio, PP y Vox impusieron una recorte de 19 millones de euros en la línea de subvención de concurrencia competitiva, “Concierto social servicios infancia y adolescencia”, destinada a las entidades sociales que prestan servicios sobre la infancia tutelada, menores migrantes, víctimas de agresiones sexuales y Puntos de Encuentro Familiar. Esta línea cayó de los 33 millones presupuestados a solo 14 millones.
Ya entonces, los socialistas advirtieron de los “graves recortes” que comportaría esta medida, mientras el PP defendió que mejoraría el servicio. “Ahora se destapan las mentiras de las derechas”, ha censurado Romina del Rey. Y es que, a finales de julio, la conselleria publicó la Resolución por la que convocaban estas ayudas para las entidades sociales con un nuevo mapa autonómico de PEF que supuso la eliminación de estos espacios en una decena de municipios, si bien se anunciaron tres nuevos (en Benidorm, Moncada y Onda), de forma que se producía una reducción neta de 7 centros en sendas poblaciones.
“UN RECORTE INVESTIGADO POR EL SÍNDIC”
A principios de agosto, el PSPV-PSOE reveló este recorte “inhumano”, ya que obligaría a familias y menores a desplazamientos innecesarios, ante lo que el PP “hizo lo que hace siempre: negar la realidad y, contra toda evidencia, rechazar que hubiera recorte alguno”. La gravedad de los hechos llevó al Síndic de Greuges, a mediados de septiembre, a anunciar la apertura de una investigación sobre las causas de este recorte y el perjuicio que se causará a los menores valencianos.
Tal como explica Del Rey, “esta misma semana, hemos tenido conocimiento del Acuerdo del Consell por el que se incrementa la financiación de la línea de concierto social para los ejercicios de 2027 y 2028, lo que supone la tramitación de una nueva convocatoria que, textualmente, “complemente los servicios necesarios de los puntos de encuentro familiar judicial de la Comunitat Valenciana” con la ubicación de centros de este tipo en las localidades de Utiel, Mislata y Torrevieja. De este modo, el Consell rescata los PEF de Mislata y Torrevieja, mientras el de Utiel sustituye al de Requena, se no se recupera. Otros seis municipios se quedan sin PEF, los citados Manises, Alfafar, Sant Vicent del Raspeig, la Vila Joiosa, Villena y Vila-real.
“El Partido Popular y Vox han vuelto a demostrar que nada les importa, ni las familias, ni los niños ni las niñas que necesitan, porque así lo ha determinado una orden judicial, unos espacios seguros y accesibles para poder reunirse con sus familias”. Para Romina del Rey, el Consell de Pérez Llorca “es insensible: ni escucha a las alcaldías ni a los profesionales, y racanea unos recursos tan necesarios para nuestros menores mientras los altos cargos del PP se han puesto los sueldos más altos de la historia de la Generalitat”.
“MÁS DE 2.000 FAMILIAS AFECTADAS”
La parlamentaria socialista recuerda que “después de las denuncias de los socialistas y las advertencias del Síndic de Greuges, el Consell ha rectificado pero lo ha hecho tarde y mal”. “Este recorte está bajo investigación del Síndic porque es injustificado e inhumano”, ha recriminado Del Rey, que reprocha a la consellera Albalat que el nuevo mapa autonómico es “inadmisible” y evidencia que “poco le importan las más de 2.000 familias, y cada vez son más, que necesitan por una orden judicial esos espacios seguros y de protección”.
Romina del Rey ha recordado que el cierre de estos recursos obligará a numerosas familias a realizar desplazamientos innecesarios, incrementará las listas de espera, dificultará el cumplimiento de las resoluciones judiciales y generará mayor estrés e incertidumbre tanto para los menores como para sus familias. Según explica, va a provocar “más desplazamientos y más largos para familias que ya están en un episodio de su vida y en una situación desfavorable. Y eso, para aquellas familias que se puedan desplazar”.
“MENOS PLAZAS Y SERVICIO DE PEOR CALIDAD”
En esta línea, “va a suponer menos plazas disponibles, a pesar de que las listas de espera ya son alarmantes”. Según datos de la propia conselleria, en 2023 había 1.200 expedientes judiciales con familias pendientes de acudir a los puntos de encuentro, unas cifras que al cierre de 2024 se incrementaron hasta los 2.100 expedientes, es decir, “un aumento de más del 80% en las necesidades vinculadas a este servicio”. “La misma conselleria que refleja un aumento de más del 80% en los expedientes está cerrando Puntos de Encuentro Familiar judiciales en siete poblaciones”, recrimina.
Pero, además, la nueva planificación “comportará menos calidad profesional en el servicio para estos niños y niñas, porque no solo ha cambiado el mapa territorial, sino que también ha variado el perfil de los profesionales, de forma que hay un aumento de profesionales de auxiliar administrativo a costa de reducir, y de forma muy preocupante, los profesionales de psicología, integración social o igualdad de género, en un espacio donde van a convivir muchas familias con sentencias por violencia machista”.
“FALTA DE RESPETO A AYUNTAMIENTOS Y PROFESIONALES”
Además, como recuerda la parlamentaria, este recorte se ha impuesto “con desprecio y sin siquiera informar a los alcaldes, ni a las entidades, fundaciones y profesionales que están gestionando estos puntos de encuentro familiar y que se enteraron del mismo por la publicación en el DOGV a finales de julio pasado”.